La diputada federal, Anabel acosta Islas, celebró que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley del Seguro Social para regular los retiros por desempleo de las Afores, debido a que con ello se pretende acabar con simulaciones y prácticas fraudulentas que se presentaban con este trámite.
Explicó que el origen de la reforma se basa en la detección de un esquema fraudulento que inflaba las cifras del valor de los retiros por desempleo, lo cual fue detectado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
La legisladora indicó que la práctica fraudulenta consistía en simular la contratación de un trabajador con salario alto, registrarlo ante el Seguro Social por un día, suponer un despido y así poder gestionar un retiro por desempleo con un monto más alto, lo cual realizaban despachos privados, a cambio de llevarse grandes comisiones.
“La reforma consiste en una modificación al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para que ahora se establezca que el monto del retiro por desempleo en la modalidad A se calcule con el salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas, que sería el último año, lo que antes se calculaba con el último salario base de cotización, lo que permitía a los despachos registrar al trabajador con un salario alto durante unos días para que pudiera sacar más dinero de su Afore”, precisó.
Acosta Islas mencionó que el retiro por desempleo es un derecho que pueden solicitar todos los trabajadores con cuenta de ahorro para el retiro en las Afores tras cumplir con al menos 46 días en situación de desempleo, pero al hacerlo se merman los ahorros para el retiro, lo cual puede impedir al trabajador acceder a una pensión cuando se jubile, debido a que se restan semanas de cotización, dependiendo del monto retirado.
Anabel acosta hizo énfasis en que con la reforma se sigue permitiendo el retiro parcial, pero el monto a retirar permitido se establece con base en la cantidad que resulte al equivalente a 30 días de su salario base de cotización promedio de las 52 semanas, sin que los trabajadores arriesguen el futuro de su seguridad social.
